La comisión política de la Unión Demócrata Independiente (UDI) resolvió esta noche pasar al Tribunal Supremo a los cinco diputados del partido que votaron en la Cámara a favor del proyecto para retirar hasta el 10% de los fondos de pensiones, y que gracias a su respaldo -y al de otros 8 parlamentarios RN- permitieron que la iniciativa fuera aprobada en particular y avanzara al Senado.

Se trata de los parlamentarios Sandra Amar, Álvaro Carter, Virginia Troncoso, Cristhian Moreira y Pedro Álvarez-Salamanca, para quienes el gremialismo pidió «la aplicación de las máximas sanciones».

«La aprobación de esa iniciativa legal constituye una falta grave a los deberes militantes, toda vez que lesiona gravemente el proyecto político de la UDI, que tiene como pilar fundamental la irrestricta defensa de la clase media del país, que se ha visto gravemente afectada por la crisis económica derivada de la pandemia, pero que con este proyecto resultará muy perjudicada al disminuir sus fondos de pensiones», argumenta la tienda en una declaración pública.

El documento subraya que «la declaración de principios de la UDI, en su apartado ‘Compromiso con la democracia’, señala explícitamente el respeto a la Constitución y las leyes. Ese mismo apartado rechaza cualquier populismo que, ‘valiéndose de la irresponsabilidad o engaño, perjudique a los más vulnerables'», consigna Emol.

«Al votar a favor de este proyecto, los parlamentarios que así lo hicieron, han contravenido los principios del partido, desconociendo el compromiso de la UDI con la clase media y los sectores más necesitados, y por lo mismo, han dejado de cumplir disciplinariamente el rol y la responsabilidad encomendada por el partido», agrega el escrito, junto con recordar que la colectividad «ha sido insistente con el gobierno para que se apliquen medidas que vayan en directa ayuda de aquellos sectores».

En ese sentido, el texto señala que «los diputados que optaron por votar a favor del proyecto han traicionado los principios de la UDI y están dañando gravemente a la clase media del país, cuando nuestro compromiso como partido es precisamente encarnar sus anhelos y esperanzas de desarrollo a partir de su esfuerzo».

Daño a la institucionalidad

En la declaración, el partido enfatiza que «el votar a favor de este proyecto es lesivo también para nuestra institucionalidad, por cuanto se utiliza un resquicio, como es pretender dar un trato constitucional (a través de disposiciones transitorias) a modificaciones que requieren cambio legal, que por tratar materias de seguridad social, son parte de la iniciativa exclusiva del presidente de la república».

«Apoyar esta práctica daña directamente nuestra institucionalidad, nuestra democracia, y adhiere a la lógica populista del engaño y del ‘todo vale’ instalada por la Izquierda no democrática. Esta Izquierda viene hace tiempo buscando, por medios tramposos, cambiar el diseño institucional, del cual la UDI se siente orgullosa de haber contribuido en su construcción e implementación, tal como se constata ya en el inicio de la Declaración de Principios», complementa.

Asimismo, el documento aborda la «triple identidad de la UDI» y expone que «el ejercicio de la libertad (en este caso libertad de criterio, o de votar una norma o cambio de ella) debe estar orientada al bien común y ser responsable.

El votar a favor de un proyecto que, tal como han afirmado públicamente destacados economistas y expertos de transversales sensibilidades políticas, afectará las pensiones de las personas que menos ahorro tienen y producirá daños a la economía del país, constituye un perjuicio contra nuestros compatriotas».

Por último, la tienda llama a «guardar plena lealtad a los principios y estatutos», y a promover y defender las doctrinas del partido, las que «demandan consistencia con nuestro proyecto político, respeto a la institucionalidad, el rechazo al populismo y la demagogia en la elaboración de las políticas públicas y la orientación de estas al bien común», consigna Emol.

«Del mismo modo, el real horizonte del proyecto de retiro de fondos es minar las bases del sistema de pensiones para avanzar hacia un sistema de ‘reparto’, el cual es imposible de sostener sin las cotizaciones ya enteradas. Esto implica necesariamente, como han reconocido públicamente los propios promotores de este proyecto en cuestión, estatizar (expropiar) los ahorros que pertenecen a cada chileno en la actualidad. Así entonces, avanzar en esta propuesta es contrario a la libertad económica y al rol subsidiario del Estado, ambos aspectos consagrados como principios de la UDI», concluye el documento.

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