Ediles de izquierda se sumaron a la denuncia que realizaron la derecha y centroizquierda en el Tribunal Electoral Regional (TER), el año pasado por “notable abandono de deberes”, contra el alcalde de Valparaíso y candidato a la reelección, Jorge Sharp.

De esta forma el jefe comunal arriesga ser inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos en caso de ser destituido.

Los concejales Marina Huerta (DC), Pedro Solís (UDI) y Jaime Bahamondes (UDI), que reemplazaron en el Concejo Municipal a sus correligionarios Marcelo Barraza (DC), Carlos Bannen (UDI) y Luis Soto (UDI), fueron los que se unieron a la acción judicial, así como los concejales de izquierda Iván Vuskovic (ex PC) y Yuri Zúñiga (ex PS), quienes en un inicio no apoyaron la medida.

Mientras que el concejal Claudio Reyes, del Movimiento Valparaíso Primero -cercano al FA-, y la edil independiente Zuliana Araya, mantuvieron su respaldo a Jorge Sharp y se negaron a apoyar la acusación.

Según el documento de contraloría interna, se detectó el pago de $450 millones a 21 profesionales por haber prestado servicios “transitorios y ocasionales”, pese a que realmente cumplían funciones permanentes en la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) y en Asesoría Urbana.

Incluso, los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y Osvaldo Urrutia recurrieron a la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar que se investigue el presunto “pago de favores políticos”, como acusaron.

Una de las razones que llevó a la izquierda y al resto del Concejo Municipal de Valparaíso a acusar a Jorge Sharp es que el ex frenteamplista podría quedar virtualmente eliminado de la carrera por el municipio porteño si el requerimiento es aceptado.

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