En 105 páginas seis de los concejales de Valparaíso describen los 17 cargos que le imputan al alcalde Jorge Sharp (ind/FA) los que a su juicio deberían tener como consecuencia la destitución del jefe comunal. Carlos Bannen (UDI), Marcelo Barraza (DC), Daniel Morales (MVC), Ruth Cáceres (RN), Luis Soto (UDI) y Eugenio Trincado (DC) son los integrantes del concejo municipal que iniciaron la ofensiva en contra del dirigente frenteamplista y que se basan en distintas resoluciones de la Controlaría y sentencias judiciales para acusarlo.

En el documento presentado ante el Tribunal Electoral Regional detallan los 17 hechos y donde solicitan al organismo «que declare que el alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, señor Jorge Sharp Fajargo, ha incurrido en conductas permanentes y habituales que configuran, tanto en forma individual como en su conjunto, las causales de remoción por notable abandono de sus deberes e infracción grave a la normas sobre probidad administrativa».

El alcalde en tanto, respondió a los hechos, y según informó El Mercurio de Valparaíso -donde se reveló la presentación- señaló que «los concejales que presentan esta acusación representan el rechazo, son los concejales del rechazo, son los concejales de las redes del mundo político pintista y castrista, son aquellos que se han opuesto en distintos momentos y ocasiones a nuestra gestión».

Al mismo tiempo, la autoridad cuestionó que «nos parece también que el momento que vive la ciudad no es para estar dándose estos gustitos políticos; pero bueno, están en su derecho de hacer lo que estimen conveniente. Sabemos que para la política tradicional de Valparaíso nuestra gestión ha sido una amenaza permanente, una amenaza que ha tocado sus intereses. Y cuando uno toca los intereses de quienes han estado en la ciudad gobernando por 30 años, pasan cosas como esta».

1.- Sobre auditoría realizada en la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social (fecha: 2 de octubre 2020).

En este punto se refieren a los gastos por consumos, servicios y remuneraciones realizadas por la Cormuval en relación a los fondos de educación y «a ingresos propios y gastos generados por establecimientos educacionales bajo su administración».

Acá por ejemplo, mencionan el caso que involucró al Liceo Técnico de Valparaíso y al Liceo María Luisa Bombal en donde según una auditoría hecha por Contraloría se demostró que se «configuró una verdadera empresa de bienes y servicios, cuyo finalidad fue la elaboración y comercialización de distintos bienes de consumo».

Asimismo que prestaron servicios de coctelera a la Cormuval y a privados, «con personal conformado, entre otros, por alumnos de los mismos establecimientos, quienes realizaron labores de garzonería y de cocineros, a cambio de exiguos pagos entre los valores de $2.000 y los $20.000». Se indica que al momento de prestar estos servicios, dichos alumnos eran menores de edad sin autorización expresa de sus padres.

Además se cuestionan una serie de pago de remuneraciones y gastos hechos por la Corporación en relación a los mismos y otros establecimientos educacionales dependientes del municipio.

2.- Eliminación y destrucción de documentación municipal

El texto cuestiona al alcalde porque la Tesorería Municipal informó que procedió a la eliminación y destrucción de documentación municipal «consistente en liquidaciones de sueldo de funcionarios municipales correspondiente a los años 2013, 2014, y enero, febrero, marzo y abril de 2015, ello conforme a lo solicitado en su oficio Nº 251 de 2019 y autorizado por el decreto alcaldicio Nº 1586 de 2019»- Sin embargo -plantean los acusadores- no todos los documentos destruidos por Tesorería cumplían con la exigencia de tener una antigüedad de cinco años o más, contándose entre ellos documentos con sólo cuatro años de antigüedad, específicamente, las liquidaciones de remuneraciones de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2015.

«Requerida Tesorería sobre esta situación, la entidad explica que se trató de un ‘error involuntario’. Finalmente, el Director de Control del municipio, instruyó a todas las unidades, a ser especialmente cuidadosos en el cumplimiento de las normas sobre destrucción de documentos y evaluar el inicio de un proceso disciplinario que pudiera corresponder en contra de los funcionarios derivado de la destrucción indebida de documentación municipal», sostiene el texto.

3.- Contratación a honorarios de Luis Aguilar

Los concejales acompañan como anexo el decreto alcaldicio Nº 996 del año 2019, por el cual se procedió a la contratación a honorarios de Luis Santiago Aguilar Carvajal de fecha 27 de junio de 2019. Ahí se señala que esto se hizo con la finalidad de cumplir funciones transitorias en la elaboración de propuestas de intervención socio cultural en sectores de la comuna de Valparaíso.

«Se deja consignado en dicho documento que el decreto y el contrato referidos datan del 27 de junio de 2019, en circunstancias que el cumplimiento del cometido se inició con fecha 01 de Junio de 2019, siendo ello constitutivo de una falta administrativa, pues al momento del inicio de los servicios han debido encontrarse formalizadas las condiciones de la contratación, para así dar certeza sobre las mismas», apuntan.

Además se cuestiona en la calidad que se contrató a esta persona, poniendo en duda si es que era realmente un experto en la materia, ya que «de acuerdo al currículum enviado, no se cumple en dicho caso». En ese sentido -plantean- la contratación a honorarios no se ajustó a derecho.

4.- Irregularidades e ilegalidades en contrataciones efectuadas por el municipio

En este cuarto cargo cuestionan el contrato con la empresa Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A a la que se le convocó «para prestar el servicio denominado ‘Contratación de Seguros para Bienes de la Municipalidad de Valparaíso’ (contrato con vencimiento para el día 07 de febrero de 2019), siendo dicho decreto ilegal por cuanto al momento de decretarse dicha prórroga, el contrato ya no se encontraba vigente (venció el 07 de marzo de 2019), debiendo subsanarse lo observado».

Además el escrito señala que en el contrato relativo al Campo Deportivo Municipal Placilla, se constató la existencia de una serie de irregularidades, tanto en la contratación de funcionarios como en el cobro de derechos municipales.

5.- Irregularidades en contratos de arriendo

Aquí se le cuestiona al alcalde por los arriendos de seis inmuebles: el Mercado Puerto, el departamento donde funciona el Juzgado de Policía Local (Eleuterio Ramírez), el lugar destinado para la oficina de la Vivienda y el que se destina para Pladeco.

También un inmueble que se arrendó para el funcionamiento de oficinas municipales. En estos casos se reclaman los montos de los contratos, el que no se hayan utilizado los espacios para los fines que fueron arrendados, además de algunas cláusulas y deberes incumplidos fijados en los contratos de arrendamiento.

6.- Sumarios sin respuesta

A este respecto se ha incurrido en infracción, dicen los seis concejales, de que «no tan solo en la Comisión de Régimen Interno, sino que también durante las últimas sesiones de Concejo Municipal».

Esto porque que a raíz de los distintos temas sobre irregularidades que se han tratado en dichas instancias, el mismo alcalde ha afirmado que se instruirán sumarios administrativos, sin embargo, ello no ha ocurrido -a juicio de quienes sacar a Sharp de la Municipalidad porteña-.

7.- Omisión de propuesta pública en la contratación de la Cooperativa Renacer

De acuerdo al oficio Nº 207 de fecha 02 de septiembre de 2020 que se acompaña en la presentación, en una comunicación enviada por el señor Director de Control al alcalde Sharp y al Concejo Municipal, se informa que la Contraloría interna del municipio, representó la ilegalidad del Decreto Alcaldicio Nº 2291 del año 2020, por el cual el alcalde ordenó contratar a la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, para el servicio de provisión de 170 operarios para el departamento de aseo, por un plazo de nueve meses, por un monto máximo mensual de $ 129.000.000 pesos, bajo la modalidad de trato o contratación directa.

Lo anterior aludiendo a razones de emergencia, urgencia o imprevistos. Sin embargo se señala que en este proceso se omitió el proceso público y se hizo el contrato bajo un «trato directo» sin cumpliéndose los requisitos para ello.

8.- Ilegalidad del decreto que ordena efectuar pagos a personal de la Cooperativa Renacer

Siguiendo el punto anterior, los concejales señalan que el alcalde Sharp ordenó al Administrador Municipal, Director de Administración y Finanzas, Encargada de Finanzas, Encargado de la Sección de Contabilidad y Presupuesto, y Encargada de Tesorería «elaborar, suscribir y dar curso legal al correspondiente Decreto que dispusiera el pago de la factura N° 90 por la suma de $ 93.606.901 pesos, de fecha 5 de mayo de 2020, relativo al servicio prestado en el mes de abril por la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, instruyendo que se debe pagar íntegramente la factura, pese a que consta que no se cumplió con la totalidad de la dotación de personal exigida».

En el escrito los ediles que imputan a Sharp relatan que «lamentablemente, debido a que un grupo de trabajadores eran mayores de 60 años y/o que presentaban enfermedades crónicas, ellos fueron relevados de su obligación de prestar servicios, con motivo de la pandemia por Covid-19 que afecta el país, pero no fueron reemplazados por otros trabajadores para cumplir el contrato celebrado».

«De acuerdo a la Dirección de Control Municipal, dicho decreto es ilegal porque el personal que provee la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial no forma parte del personal municipal, sino que se trata de trabajadores bajo subordinación y dependencia de un empleador distinto, por lo que la Municipalidad no se encontraba facultada para relevarlos de su obligación de prestar servicios», plantean y consigna Emol.

Y agregan que según las Bases Técnicas de la licitación respectiva «la obligación de la señalada Cooperativa no es proveer un grupo de trabajadores específicos y determinados, sino que dotar de manera permanente del número de personal requerido, debiendo reemplazar aquellos ausentes o que no cuenten con la salud compatible».

9.- Omisión de deberes de fiscalización del comercio ambulante

La Corte de Apelaciones de Valparaíso dispuso el «cumplimiento efectivo por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso de su labor fiscalizadora de control de la Prohibición de toda clase de actividades ruidosas”, que infringiesen los artículos 4 y 5 y siguientes de la Ordenanza Nº 340 sobre Ruidos Molestos de Valparaíso, salvo autorizaciones individuales en conformidad a la Ordenanza sobre Ruidos Molestos de la comuna de Valparaíso.

Asimismo se decretó que la Municipalidad de Valparaíso debía instalar la señalética adecuada y llevar a cabo las acciones que le competen en orden a la debida promoción, protección y cumplimiento de la Ordenanza sobre ruidos Molestos de la Comuna de Valparaíso. Además se le ordenó a llevar a cabo las acciones que correspondan en orden a fiscalizar el cumplimiento de La ley de Rentas Municipales, en cuanto al comercio ilegal en el sector de la Plaza Aníbal Pinto, cuestiones todas que siguen sin un cumplimiento cabal o efectivo hasta la fecha.

Según dicen los concejales, todo lo anterior, a pesar de la instrucción judicial, el alcalde Sharp nunca lo cumplió, o al menos no a la fecha.

10.- Incumplimiento en materia de normativa de perros vagos

En el mismo sentido acusan que la Municipalidad «no dio cumplimiento a la normativa especial que en materia de perros abandonados y que manifiestamente le corresponde aplicar, esto es, realizar la fiscalización y rescate de todo animal que no tenga identificación, encontrado en bienes nacionales de uso público, parques, plazas y sitios eriazos o baldíos, específicamente de los perros callejeros que deambulan por el sector de la Plaza Aníbal Pinto, de conformidad a la Ley 21.020», consigna Emol.

11.- Incumplimiento en materia de normativa en auditoría sobre demolición sobre inmueble abandonado

Los concejales relatan que tras una auditoría se determinó que no se ha cumplido con el proceso de demolición de distintos inmuebles que serían responsabilidad de la Municipalidad. Según señala el escrito serían al menos 11 los recintos a los que además de no demolerlos no se les ha hecho seguimiento y no se ha registrado de manera actualizada, el avance de su situación.

12.- La destitución del administrador municipal y falta de fiscalización del señor alcalde

En este punto relatan que el Concejo Municipal «procedió a la destitución del Administrador Municipal, dada la cantidad de problemas administrativos y de gestión (…). De los diez Concejales, ocho estuvieron por la destitución». Sin embargo «resulta del todo incomprensible que habiendo sido el ex administrador, removido de su cargo, luego sea contratado a ‘honorarios’ en el gabinete del Alcalde Sharp, con un sueldo superior al que tenía cuando era Administrador Municipal».

Por otro lado, indican que en «innumerables» en sesiones del Concejo se ha oficiado al alcalde para entregue información sobre distintas fiscalizaciones, pero «normalmente estas respuestas no llegan; y si llegasen, estas lo hacen en un plazo absurdo, fuera de todo margen legal y además, normalmente sólo contienen respuestas evasivas o derivaciones a otros organismos e instituciones. Sin duda, este tipo de conductas dificultan la labor fiscalizadora del Concejo Municipal».}

13.- Manifiesta falta de fiscalización del alcalde en diversas materias que son su responsabilidad

En este apartado los concejales enumeran 13 «situaciones» en la que aseguran el alcalde no ha cumplido con su rol de fiscalización. Entre ellos está el contrato de normalización de la Escuela Barros Luco, lo relativo a los concursos públicos, la posible malversación de fondos en la Cormuval y el no pago de cotizaciones previsionales por más de tres meses a trabajadores del mismo organismo.

Se vuelve a insistir respecto a las demoliciones y se señala que no se ha fiscalizado el plan Director de Gestión Patrimonial. También se habla de la situación referida a la distribución de cajas de mercadería (covid-19) y a la mesa de Seguridad Pública. Además del proceso de actualización del Pladeco y al estado del laboratorio popular y el organigrama municipal, consigna Emol.

En el mismo sentido se refieren a la «situación de los fondos traspasados directamente al encargado del Departamento Local de Deportes Señor Cristián Álvarez y a la situación relativa a permiso de ocupación al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso sobre diversos bienes nacionales de uso público».

14.- Omisión en su obligación de cumplir los fallos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso

A juicio de los seis concejales, el alcalde Jorge Sharp ha decidido omitir o no acatar lo resuelto por la Corte de Apelaciones porteña «en especial la orden perentoria de fiscalizar adecuadamente actividades comerciales, ya que con el no actuar, se ha configurado una discriminación arbitraria en materia económica a comerciantes establecidos del Mercado Cardonal, lo que en la especia significó, la privación de los mismo en uso y goce de su patrimonio, viéndose privados de sus utilidades que en el normal ejercicio de sus actividades podrían haber percibido».

15.- Falta de control en el otorgamiento de permisos precarios para la realización de ferias y no cobro de permisos a beneficio municipal

Para explicar este punto los concejales citan un informe fechado en agosto de este año realizado por la Contraloría Regional que realizó una investigación en atención a que se realizó una denuncia «en la cual se evidenciaron diversas situaciones, ocurridas en la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Valparaíso, concernientes al otorgamiento de permisos precarios para el desarrollo de actividades comerciales y filmaciones en bienes nacionales de uso público de la comuna de Valparaíso».

Tras la investigación señalan que se pudo constatar falta de control; ausencia del acto administrativo que apruebe el «Manual de Procedimientos Plataforma de Atención Municipal» y el «Protocolo Ferias Artesanales y Ciudadanas»; entrega de información incompleta y/o datos erróneos; actas del comité de Permisos y Concesiones sin formalizar y emisión extemporánea de acto administrativo.

16.- Manifiesta conducta arbitraria e ilegal en el cierre de los ascensores Cordillera y San Agustín

«Consta en sentencia de fecha 28 de septiembre del año 2020, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en autos Rol Protección Nº 23.490-2020, en la cual se establece que la Municipalidad de Valparaíso ha actuado de manera ilegal y arbitraria en relación al cierre de los Ascensores de los Cerros cordillera y San Agustín, los cuales son fundamentales para nuestra comunidad y que afectó a la misma con su clausura infundada», plantea el escrito.

17.- Acciones y omisiones del alcalde que configuran una vulneración manifiesta de normas legales estatutarias y de normas sobre protección a Derechos Humanos

En este caso se refieren a la denuncia por acoso sexual hecha por una ahora ex funcionaria municipal en contra de otro funcionario. Este último fue suspendido de su cargo por 60 días y se le impuso la medida disciplinaria de descontarle el sueldo en un 50% por el mismo período. En ese sentido acusan que pese haberse acreditado los hechos en contra del funcionario se procedió a este «simple» castigo en su contra. Lo que juicio de los concejales sería una «ilegalidad manifiesta».


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