Luego de la polémica que se generó por la solicitud que realizó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a la Superintendencia de Pensiones, respecto de los rut y el monto que los afiliados retiraron de sus fondos previsionales, varios diputados de la oposición deslizaron la posibilidad de acusarlo constitucionalmente.

El diputado del PS, Leonardo Soto, afirmó en su cuenta de Twitter que «el señor ministro de Hacienda insiste en perseguir a quienes retiraron 10%! Ninguna autoridad puede pedir datos personales de chilenos sin ley que lo autorice o sin el consentimiento de ellos».

«Por por tanto -añadió posteriormente a Emol- es una petición ilegal e inconstitucional que vulnera directamente el derecho a la reserva de los datos personales de los chilenos. Con lo anterior, el ministro configura una vulneración flagrante de la ley y la Constitución y que lo coloca en situación de ser acusado constitucionalmente por ello».

En tanto, el también diputado socialista, Marcos Ilabaca, comentó hoy en 24 Horas que «he pedido la intervención de Contraloría y del Consejo para la Transparencia, porque lo que hizo el ministro es absolutamente grave, pedir la información privado, reservada de los chilenos, su cédula de identidad, el monto retirado, creo que es una situación grave, que nada sirve para el evento estadístico como ellos han dicho».

Sobre una eventual acusación constitucional en contra del secretario de Estado, afirmó que «no descarto ninguna» acción, sin embargo, expresó que «quiero ser más cauto» a la espera de las respuestas de los citados organismos. Por su parte, el diputado de la DC, Gabriel Silber, dijo en Twitter que parece «increíble que Gobierno de Chile persista en perseguir a chilenos que retiraron 10%! Si fuera información para fines estadísticos, bastaría información anónima y genérica! El ministro de Hacienda arriesga AC de insistir de decreto», consigna Emol.

Consultado por las reacciones de distintos parlamentarios, Briones manifestó que se lo toma «bien», que «cada cual tiene que ejercer sus labores y lo que puedo decir es que esto se apega estrictamente a al legalidad». «Quiero insistir en que en la gestión del Estado e trabajar con bases de datos es algo muy importante y necesario para poder llegar mejor, responder mejor, poder tener mejores diagnósticos, y en este caso lo que anima el oficio es exactamente eso, no hay otro norte», indicó y volvió a lamentar la confusión generada.

«Lo que sería terrible es que esto fuera una persecución a las personas (que retiraron el 10%), por eso insisto en que estas bases de datos tienen como norte un fin estadístico informativo, el día en que en base a esos datos nosotros identifiquemos a las personas y podamos hacer usos distintos de esos fines estamos en un serio problema. Por eso yo soy muy celoso de la privacidad y acá las personas tienen que tener la certeza de que acá no hay acceso a su información personal», concluyó.

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