Tras una análisis efectuado por el Observatorio Fiscal, en el marco de la pandemia por el covid-19, dicho estamento detectó un sobreprecio en las compras de alcohol gel, mascarillas y camillas por parte del Estado en el primer semestre de 2020.

En específico, luego del estudio realizado por la fundación, se concluyó que de los $94.712 millones cancelados durante el periodo ya señalado para adquirir dichos insumos, un 44% -equivalente a $24.667 millones- fue pagado a un costo mayor al normal, es decir, unos US$30,3 millones, informó Pulso.

En específico, los gastos realizados se dividen de la siguiente manera: $15.839 millones en mascarillas (US$19,5 millones), $8.754 millones en alcohol gel (US$10,8 millones) y $74 millones en camillas.

Asimismo, se apuntó que un 53% de las compras efectuadas no logró ser clasificada.

En lo que respecta a los principales compradores que adquirieron con sobreprecio, el análisis apuntó a la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), mientras que Recalcine, Ortopedic y AlBranding, resaltaron como los proveedores principales.

“Con los actuales datos recopilados en la plataforma de Mercado Público es, es muy difícil de establecer una causa de por qué ocurren los sobreprecios”, señaló José Mora, analista de datos del Observatorio Fiscal.

A su vez, agregó que “sin embargo, dado que los productos seleccionados (mascarillas, alcohol gel y camillas) corresponden a primera necesidad para enfrentar la emergencia sanitaria, un gran porcentaje de ese sobreprecio se debe al accionar del mercado, que frente a la alta demanda y poco flexible oferta inicial, genera una alza de precios”.

En esa línea, manifestó además que “a través del estudio, hemos corroborado la mala calidad de los datos de precios y productos de la plataforma de Mercado Público. Esto genera una opacidad en la que podrían haber ineficiencias o posibles conflictos de interés que resultan muy difíciles de detectar, y que pudieran estar afectando el precio”, consigna BioBioChile.

Finalmente, enfatizó en la importancia que tendría avanzar en “un registro nacional de beneficiarios finales, con el objetivo de saber quiénes son los dueños de las empresas y detectar de manera ágil, posibles conflictos de interés. Especialmente en contrataciones que tienen un menor nivel de control, y hay espacio a la discrecionalidad de la decisión, como son los tratos directos y los convenios marco”.

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