La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia, dictada en juicio oral simplificado, que condenó a Jaime Patricio González Andreani a 301 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por el término de un año, como autor del delito consumado de estafa y otras defraudaciones. Ilícito cometido entre noviembre del 2007 y octubre 2012, en la ciudad puerto.

En fallo unánime (causa rol 24.704-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Juan Manuel Muñoz Pardo y Juan Pedro Shertzer– descartó infracción sustancial en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, que condenó al recurrente.

«Que, como reiteradamente lo ha manifestado este Tribunal, el mecanismo promovido por la defensa se rige por los mismos dogmas y reglas generales que gobiernan la nulidad procesal; por consiguiente, para su procedencia deben concurrir los presupuestos básicos de ésta, entre los cuales destaca el llamado principio de trascendencia, que por lo demás, recoge el artículo 375 del Código Procesal Penal, cuando exige que la trasgresión que se delata, debe constituir un atentado de entidad tal, que importe un perjuicio al contendor involucrado y que se traduzca en un resultado lesivo para sus intereses en la decisión del asunto, desde que requiere que la anomalía tenga influencia en la sección resolutiva del fallo (Sentencia Corte Suprema Rol N° 12.885-2015, de 13 de octubre de 2015)», sostiene el fallo.

En esta línea se ha resuelto también, que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de los contendientes, esto es, que entrabe, restrinja o elimine su derecho constitucional al debido proceso (Sentencias Corte Suprema Roles N°s. 2.866-2013, de 17 de junio de 2013; N° 4.909-2013, de 17 de septiembre de 2013; N° 4.554-2014, de 10 de abril de 2014; N° 6.298-2015, de 23 de junio de 2015 y; N° 3689-2019, de 20 de marzo de 2019)», dice el fallo.

La resolución agrega: «Que, así las cosas, y a fin de poder determinar la ‘trascendencia’ que pudo tener la decisión adoptada por el tribunal a quo al excluir y limitar prueba de cargo, resultaba estrictamente necesario acreditar el fundamento de la causal, no obstante lo cual, la impugnante no rindió probanza alguna al efecto, de manera que el motivo de nulidad en análisis no podrá prosperar».

«Que las restantes alegaciones formuladas por la defensa respecto de la primera causal de nulidad, relativas a haberse considerado por parte de la juzgadora para sustentar la condena, los dichos confusos y contradictorios de los testigos del ministerio público y algunos documentos presentados tanto por el persecutor como por el querellante, pero sin tener en cuenta ni analizar la escasa prueba que se le permitió rendir a su parte, desbordan el contenido del motivo de nulidad en estudio, que dice relación con la infracción sustancial de derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y no con la errónea fundamentación o falta de la misma, de manera que las mismas deben ser desestimadas», añade.

«Que, del análisis de las diferencias que la recurrente reprocha al tribunal del grado, ninguna de ellas afectó el derecho a defensa del acusado, como lo sostiene al referirse a la trascendencia de la infracción que denuncia», afirma el fallo.

Para el máximo tribunal: «En efecto, la diferencia entre ‘indicó’ que ostentaba el título de abogado (requerimiento) y ‘actuó como tal’ ante ellos y ante terceros (sentencia), ningún impacto en la imputación atribuida tiene, toda vez que, el reproche formulado en su contra es el de haber sido conocido como abogado por las víctimas, calidad en que fue presentando, las que en base a ese convencimiento le dieron este trato en sus relaciones con terceros, situación que nunca fue aclarada a las víctimas por el imputado, pero más aún, en un carta poder conferida ante notario el mismo señala como su profesión la de abogado, como se razona en el motivo décimo tercero de la sentencia».

«De otro lado, la impugnante argumenta que la sentencia modifica la fecha y la forma del supuesto engaño, no obstante, el fallo solo aclara las fechas en que tuvieron lugar los acontecimientos, ya que no está en discusión la circunstancia fáctica consistente en que el imputado el año 2012 contrató los servicios de una contadora, agregando, a diferencia del requerimiento, que desde el año 2008 otorgó mandato para que una tercera persona actuara a nombre de la empresa ante el Servicio de Impuesto Internos, presentando las declaraciones y las aclaraciones correspondientes, carta poder en que por lo demás comparece el propio acusado, esto es, dicha actuación era de su conocimiento, de manera que ninguna sorpresa le pudo generar», consigna la resolución.

«En cuanto a la entrega de dineros, la recurrente cuestiona el cambio desde dineros ‘entregados’, por sumas que le fueron ‘traspasadas y o entregadas’, no obstante, en este aspecto, la defensa incurre en una imprecisión, ya que el requerimiento dice sic ‘… dineros que fueron entregados por parte las víctimas, no realizando el imputado los pagos, apropiándose, de esta manera, de las sumas que le fueron traspasadas…’ y la sentencia tiene por acreditado sic ‘… dineros que fueron entregados por parte las víctimas, no realizando el imputado los pagos, apropiándose, de esta manera, de las sumas que le fueron traspasadas y o entregadas en dinero efectivo…’, de donde se desprende que en ambos casos existe la referencia a dineros ‘entregados’ y ‘traspasados’, sin que ninguna afectación al derecho a defensa se advierta en esta apreciación de la recurrente», razona la Sala Penal.

«Finalmente se cuestiona por la articulista el monto del perjuicio, toda vez que en el requerimiento se habla de una suma ‘no inferior a $ 51.200.000′, en cambio en la sentencia se establece un perjuicio económico ‘por pago de impuestos no pagados oportunamente al fisco de Chile por una cantidad ascendente a la suma de $12.000.000 por concepto de multa debiendo además pagar honorarios a la contadora que en definitiva regularizó la situación contable por un monto de aproximadamente $3.000.000′», consigna.

«Pues bien, de lo expuesto se puede concluir que la diferencia proviene de la cantidad que se pudo probar en la audiencia de juicio y precisándose a qué ítem corresponde cada una de las sumas, siendo el monto acreditado por concepto de perjuicio ostensiblemente menor al propuesto en la acusación, lo que ninguna afectación provoca en la teoría de la defensa, ya que dicho elemento no tiene impacto en la imputación penal, desde que el tipo penal por el que fue condenado el recurrente, corresponde a la figura residual de estafa, prevista y sancionada en el artículo 473 del Código Penal, para la cual es indiferente el monto del perjuicio (…). De esta forma, el recurso tampoco puede prosperar por esta causal invocada de forma subsidiaria», concluye.

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