“Que habiéndose buscado el expediente físico en todas las dependencias de esta Corte, por distintas personas y en distintas horas, no fue posible determinar su paradero, por lo que se encuentra extraviado”.

Así versa un documento ingresado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el que se da cuenta del error: habían perdido una serie de documentos vitales para la tramitación de una pugna proveniente del Colegio de Abogados de esa ciudad.

La causa se remonta a comienzos de este año, el abogado defensor de siete de los ocho imputados por torturas a niños del Sename en Valparaíso, Andrés Benavides Schiller, no se inhabilitó pese ser cuñado de uno de los querellantes en el mismo proceso.

Lo ocurrido dio paso a un reclamo de cinco páginas ingresado ante el Colegio de Abogados porteño por el también demandante Esteban Elórtegui, en el que se acusa a Benavides Schiller de “atentar contra la ética”, al asumir “el patrocinio y poder de los siete imputados en 2018, en circunstancias que el marido de su hermana, abogado sr. Juan Carlos Manríquez es abogado querellante (…) en la misma causa penal desde octubre de 2016″, consigna BioBioChile.

A raíz de lo anterior, Benavides Schiller fue sancionado en primera instancia por el organismo gremial, pese a que más tarde el castigo le fue levantado. Ello dio pie para que Elórtegui elevara el procedimiento a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde finalmente el expediente se extravió en plena tramitación.

Tal como se indicó, fue la propia Corte la que el 16 de octubre dio aviso de lo ocurrido, señalando en el escrito que el expediente se buscó por todas las dependencias del tribunal de alzada, en distintos horarios y por distintas personas, sin tener resultados favorables.

Tres días después, los ministros Raúl Mera y María del Rosario Lavín ordenaron “la reconstitución” del expediente, por lo que tomaron contacto con el Colegio de Abogados de Valparaíso para conocer si existían respaldos de los documentos extraviados.

Consultado el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino, precisó que se recabarán mayores antecedentes y que de ser necesario se dispondrá una investigación administrativa.

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