La unidad de control externo de la Contraloría de Valparaíso detectó ingresos por casi 500 millones de pesos en dos liceos de la ciudad puerto en los que se realizaban actividades ajenas a sus finalidades pedagógicas en la que fueron contratados menores de edad.

Según el ente contralor esto afectó al Liceo Técnico de Valparaíso y al Liceo María Luisa Bombal entre el 1 de enero de 2017 y 30 de junio de 2019, en los que se impartieron talleres con cargo a diferentes fondos de educación en que se percibieron ingresos por 490.649.302 pesos.

En la auditoría se detectó que muchos de estos servicios, especialmente los referidos a los de coctelería, fueron realizados por alumnos, algunos menores de edad, sin el debido permiso de sus padres.

El informe dice que «las labores desempeñadas por alumnos, a saber garzón o envolver colaciones no se relacionan con la enseñanza impartida en los liceos ni con los talleres de las especialidades de gastronomía, vestuario y gráfica». Por lo anterior, los antecedentes fueron remitidos a la Defensoría de la Niñez.

Marcelo Garrido, secretario general de la Cormuval indicó que «estamos en pleno proceso de revisión. Nos parece un informe duro, que demuestra que hay aspectos que claramente es necesario enfrentar y resolver con todas las consecuencias que eso signifique».

«Muchas de las cosas que menciona el informe, apenas tomamos conocimiento, fueron abordadas y corregidas, ya que era una práctica que venía de hace años que los liceos técnicos tenían unidades productivas asociados a los programas pedagógicos», agregó y consigna Cooperativa.

Garrido dijo que «se iniciarán los sumarios correspondientes para determinar posibles responsabilidades».

La Contraloría regional ordenó la suspensión inmediata de la actividad y remitió los antecedentes a la Fiscalía Regional de Valparaíso para investigar la posible existencia de delitos relacionados a este caso.

Áreas productivas al interior de los liceos

El informe en sus 138 páginas explica que en el periodo fiscalizado se comprobó que al interior de estos liceos existían «áreas productivas» en las que se elaboraron y comercialización distintos bienes de consumo tales como alimentos procesados y no procesados, prendas de vestir, talonarios de boletas, pendones y diplomas, entre otros, así como la prestación de servicios de coctelería y fotocopiado, los cuales fueron vendidos a la propia Corporación Municipal y a particulares.

Estas «áreas productivas» fueron creadas el año 2002 durante la administración del entonces alcalde Hernán Pinto Miranda (DC) y el Gerente de la Cormuval de la época, Víctor Quezada Zamora.

Denuncia

La denuncia que inició el proceso de investigación fue del diputado Andrés Celis (RN) cuando hace más de un año presentó los antecedentes a Contraloría esta situación y luego remitidos a la Superintendencia de Educación, a la Seremi del ramo y a Defensoría de la Niñez.

Todo lo anterior iniciará un juicio de cuentas por el reparo en cerca de 900 millones de pesos y el inicio de un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades de los funcionarios municipales.

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